Esta medida fue respaldada por ocho de los once ministros, mientras que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra, argumentando que la decisión podría violar la Constitución.
El paro, que comenzó esta semana y continuará hasta el viernes, implica la cancelación de las sesiones programadas para las dos Salas de la Corte, así como la sesión del Pleno del próximo jueves. Durante este periodo, no correrán los plazos legales para los casos en trámite, y solo se mantendrán guardias para asuntos urgentes.
La suspensión fue promovida por los colegios que agrupan a los colaboradores más cercanos de los ministros, incluidos unos 350 secretarios de estudio y cuenta, y secretarios auxiliares. De los 1,072 votos emitidos en la Corte, 951 fueron a favor del paro, 116 en contra, y hubo cinco abstenciones. Estos resultados representan el 29 por ciento del total de plazas ocupadas en la SCJN en 2024.
La protesta está motivada por las implicaciones de la reforma judicial, que, entre otras medidas, propone la elección popular de jueces y magistrados, así como la posible reducción de salarios para algunos funcionarios de la carrera judicial.
Las ministras disidentes emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron enérgicamente la decisión de apoyar el paro, calificándola como contraria a la obligación constitucional de impartir justicia. Argumentaron que no existe una figura legal que permita el paro de labores para los titulares de la Corte y advirtieron sobre posibles delitos relacionados con la suspensión de labores mientras se mantienen los salarios.
Además, señalaron que propusieron mantener las sesiones a distancia, como se hizo durante la pandemia, pero esta propuesta no fue aceptada por la mayoría. Las ministras enfatizaron que el personal de confianza de la Corte no tiene derecho a huelga, según la jurisprudencia vigente.
El Pleno de la SCJN se reunirá nuevamente el lunes 9 de septiembre para evaluar la situación y decidir los pasos a seguir. Mientras tanto, la protesta continúa, dejando en pausa la resolución de 28 asuntos en lista del Pleno, incluyendo casos relacionados con la anulación de leyes aprobadas por Morena y sus aliados en abril de 2023, la extinción de fideicomisos, y la posible inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Las Salas, por su parte, tenían programados más de 200 expedientes para las sesiones del 4 y 11 de septiembre.
