El presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará su sexenio con 27 reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, como cimiento para el ‘segundo piso’ de la llamada cuarta transformación.
Entre dichas enmiendas a la Carta Magna destacan la cuestionada reforma al Poder Judicial y la contrarreforma educativa, así como los decretos para crear la Guardia Nacional y elevar a rango constitucional las pensiones universales de adultos mayores y personas con discapacidad, además de becas para estudiantes de escuelas públicas.
Las 27 reformas del gobierno saliente incluyen dos proyectos avalados ya por la Cámara de Diputados y que el Senado de la República prevé discutir y votar durante la última semana del mandato de López Obrador:
Uno, para trasladar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa, y el segundo, para reconocer plenamente los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
Adicionalmente y como parte del llamado ‘Plan C’, la 66 legislatura del Congreso heredó de su antecesora otros 14 dictámenes, derivados de iniciativas presidenciales, listos para ser llevados al pleno.
Sobresalen, entre ellos, las propuestas para la extinción de siete organismos autónomos, entre ellos, el INAI, la Cofece y el IFT, y la prevalencia de la CFE como empresa pública sobre los inversionistas privados en la industria eléctrica.
No obstante, López Obrador terminará su administración como tercer lugar entre los últimos seis presidentes por el número de reformas a la Constitución.
De acuerdo con la cronología de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, la primera posición es para Felipe Calderón (2006-2012), con 38 reformas constitucionales, seguido por Enrique Peña Nieto (2012-2018), con 28; Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con 27; Ernesto Zedillo (1994-2000), con 18; Vicente Fox (2000-2006), con 17, y Carlos Salinas (1988-1994), con 15.
Por lo que hace a la efectividad de los mandatarios por el número de sus iniciativas aprobadas con respecto al total de las presentadas, el presidente López Obrador se ubica por debajo de sus tres antecesores inmediatos.
Según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto presentó un total de 124 iniciativas, de las cuales se aprobaron 99, es decir, 79.84 por ciento.
Muy cerca, Calderón puso a consideración del Congreso 132 propuestas legislativas y de ellas se aprobaron 105, las cuales representaron 79.55 por ciento.
De los últimos cuatro mandatarios, Fox fue quien más iniciativas presentó, al sumar 166, de las que le aprobaron 124 (74.70 por ciento).
López Obrador envió al Poder Legislativo un total de 101 iniciativas y, considerando el avance de la reforma judicial, el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y la reforma sobre derechos indígenas, sumaría 67 aprobadas (66.33 por ciento) al finalizar su encargo.
Las reformas emblemáticas de AMLO
El presidente López Obrador logró durante su mandato la aprobación de reformas constitucionales emblemáticas para el movimiento de la cuarta transformación.
Avalada por el Congreso de la Unión y legislaturas locales en los primeros meses del sexenio, destaca la reforma para crear la Guardia Nacional como institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad, aunque integrada por elementos del Ejército y la Marina.
Como lo ofreció en campaña, el mandatario impulsó la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto y del sistema de evaluación de los maestros, proponiendo a su vez nuevos cambios a los artículos 3, 31 y 73, creando el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
El Ejecutivo obtuvo igualmente la aprobación del Poder Legislativo para la reforma al artículo 4 de la Constitución para garantizar servicios gratuitos de salud a las personas sin seguridad social, así como apoyos económicos directos a las personas adultas mayores o con discapacidad permanente, y becas para los estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública.
Se estableció además la figura de revocación de mandato del Presidente de la República y se acotó el fuero constitucional del Ejecutivo, a fin de que el titular pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
De igual forma, López Obrador consiguió incorporar a la Constitución la prohibición de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos y la condonación de impuestos a particulares.
Otra de las reformas prioritarias para el Presidente de la República fue la de ampliar el catálogo de delitos por los que se impone prisión preventiva oficiosa, castigando así el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o ‘huachicoleo’, desaparición forzada de personas y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
(Información de Milenio)
