Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión por el juez Brian Cogan.
En febrero de 2023, un jurado lo declaró culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de cocaína, vínculos con el Cártel de Sinaloa y falso testimonio, por los que le dieron 466 meses de prisión. Además deberá pagar 2 millones de dólares y tendrá 5 años de libertad supervisada.
El jurado concluyó que García Luna aceptó millones de dólares a cambio de permitir que el cártel traficara toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Uno de los hombres más cercanos al expresidente Calderón llegó a la corte a escuchar su sentencia vistiendo un traje azul marino, camisa blanca, corbata y zapatos negros, y no el uniforme de la cárcel.
A pocas horas de recibir su sentencia, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, envió una carta escrita a mano al juez de su caso en Nueva York. En la misiva de cinco páginas, dirigida al juez Brian Cogan y hecha pública, García Luna pedía una sentencia lo más breve posible, alegando su inocencia.
La defensa de Genaro García Luna había pedido a las autoridades de EUA una pena de 20 años de prisión para evitar la cadena perpetua.
García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Anteriormente, dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) en México, cuyo objetivo principal era combatir a las organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Sus abogados afirman que antes de su arresto, García Luna era un empresario legítimoque trabajaba como consultor en Florida.
La corrupción de García Luna
Las autoridades mexicanas han señalado que el exfuncionario malversó hasta 745.9 millones de dólares en contratos tecnológicos gubernamentales. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), García Luna y sus socios crearon empresas que obtuvieron al menos 30 contratos gubernamentales sospechosos mientras él ocupaba el cargo entre 2006 y 2012, y también en los años posteriores.
Se le acusa de desviar fondos de contratos de seguridad penitenciaria y tecnología de inteligencia hacia cuentas en el extranjero, muchas de ellas en Barbados, y posteriormente utilizar ese dinero para comprar lujosos condominios y autos clásicos en Miami.
