Con el objetivo de frenar el saqueo de la biodiversidad mexicana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha una campaña nacional para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, recordando a la ciudadanía que mantener loros, pericos o guacamayas en cautiverio de forma ilegal es un delito grave que se castiga con hasta 9 años de prisión.
De acuerdo con las autoridades ambientales, la extracción clandestina de estas aves —que frecuentemente son arrancadas de sus nidos a temprana edad— ha provocado una drástica disminución en sus poblaciones naturales, poniendo en riesgo crítico su supervivencia en territorio mexicano.
La legislación federal vigente establece que la posesión, transporte y comercialización de ejemplares de la familia de los psitácidos (loros, pericos y guacamayas) mexicanos está estrictamente prohibida. Su manejo solo se autoriza bajo estrictos esquemas orientados exclusivamente a la conservación de la especie o a la investigación científica avalada por las instancias competentes.
Ante este panorama, la Profepa hizo un exhorto firme a la población para evitar la compra, venta o adopción de estas aves de origen ilícito, recordando que además de las penas privativas de la libertad, los infractores enfrentan severas sanciones económicas. Las autoridades llaman a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de fauna silvestre para proteger el patrimonio natural del país.
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