México.- Una derechohabiente con discapacidad auditiva, identificada en redes sociales como Ellie Villarreal, expuso públicamente la severa falta de protocolos de inclusión y empatía dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La mujer, quien se encuentra en gestación, denunció a través de la plataforma X que el personal médico le impide el ingreso a su esposo durante sus revisiones de ultrasonido, a pesar de que él actúa como su intérprete de Lengua de Señas Mexicana para permitirle entender el estado de su bebé. La afectada agregó que los propios doctores se niegan a darle informes médicos directamente por el simple hecho de ser sorda.
El caso tomó un matiz aún más insólito e indignante tras la respuesta pública emitida por la cuenta oficial del Seguro Social. En un intento por atender la queja, la dependencia respondió con un mensaje automatizado asegurando que «en breve nos comunicaremos con usted vía telefónica». La réplica evidenció una profunda falta de criterio y sentido común por parte del equipo de atención de la institución, al pretender realizar una llamada a una persona con discapacidad auditiva para resolver un problema de comunicación.
La publicación original y la desconectada respuesta del instituto desataron una ola de críticas y burlas en redes sociales, acumulando miles de interacciones. Usuarios y defensores de los derechos humanos señalaron que el incidente no solo refleja la falta de capacitación del personal médico en los consultorios, sino también la insensibilidad e ineficacia de los canales de atención al cliente, los cuales operan con respuestas genéricas sin leer ni comprender la condición particular de los derechohabientes.
Ante la presión mediática, internautas exigieron que el IMSS no dé carpetazo al tema con una respuesta en redes y proceda a implementar protocolos claros a nivel nacional. La comunidad virtual enfatizó la urgencia de garantizar el libre acceso a intérpretes de señas en todas las unidades médicas del país, así como la capacitación obligatoria del personal para evitar que pacientes con discapacidad sufran discriminación o negligencia informativa durante sus tratamientos.

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