Por tercera vez fue suspendida la audiencia de Carlota, la mujer que baleó y mató a dos sujetos que invadieron su casa en el Estado de México.

La audiencia intermedia en el proceso contra María Carlota Alfaro Quintana, conocida como la ‘Abuela Carlota’, y sus hijos Mariana y Eduardo Santana Alfaro, volvió a ser suspendida este martes en los juzgados del penal de Chalco, Estado de México.

La diligencia estaba programada para las 11:00 horas, pero apenas media hora después fue cancelada debido a que nuevamente no se presentó el asesor privado de una de las víctimas.

Con esta suspensión, ya son tres las ocasiones en las que la audiencia se frena por la ausencia de representantes involucrados en el proceso.

Ante la nueva falta, el juez determinó sustituir al asesor particular y nombrar a un nuevo representante de carácter público para que pueda darse continuidad al procedimiento. La decisión busca evitar que una nueva ausencia vuelva a retrasar la etapa intermedia.

El caso se relaciona con los hechos ocurridos en abril de 2025, cuando Carlota y sus hijos acudieron a una vivienda de la Unidad Ex Hacienda Guadalupe, en Chalco, que presuntamente había sido ocupada por otras personas.

El enfrentamiento terminó con la muerte de dos hombres y dejó herido a un adolescente. Carlota y sus hijos enfrentan acusaciones por homicidio y tentativa de homicidio, mientras su defensa sostiene que actuaron en legítima defensa.

La audiencia intermedia es una etapa importante del proceso, pues en ella se revisan los elementos de prueba que las partes pretenden llevar a un eventual juicio. Por ahora, el procedimiento tendrá que continuar con el nuevo asesor designado por las autoridades.

Carlota lleva su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria y vigilancia mediante un dispositivo electrónico, mientras que sus hijos continúan sujetos al proceso penal.

La Fiscalía del Estado de México ha solicitado penas de hasta 140 años para Carlota y de hasta 210 años para cada uno de sus hijos, aunque estas son únicamente las sanciones que plantea el Ministerio Público y no una sentencia.