Massachusetts. – Un panel federal de apelaciones asestó un nuevo revés a la política migratoria del presidente Donald Trump, al declarar ilegal la práctica de expulsar a migrantes a terceros países sin avisarles previamente ni permitirles objetar. La decisión, emitida este viernes, confirma en gran medida el fallo de un tribunal inferior del Distrito Federal en Massachusetts.

El Primer Tribunal de Apelaciones, con el voto unánime de sus tres jueces, determinó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba facultado para omitir la notificación a los extranjeros sobre su posible traslado a naciones distintas a las señaladas en su orden de deportación. La norma impugnada, emitida el año pasado, permitía esa omisión siempre que los gobiernos de destino aseguraran que los deportados no serían perseguidos ni torturados.

El juez Seth Aframe, quien redactó la opinión del panel, explicó que la ley y los reglamentos migratorios prevén audiencias para quienes alegan temor a ser perseguidos, sin excepciones para envíos a terceros países. «El derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basándose en el temor a sufrir persecución en dicho país, carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto para el traslado y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino», escribió.

El fallo rechaza de manera explícita la postura del Departamento de Seguridad Interna, al considerar que intentaba crear una excepción no contemplada en la normativa. «Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Interna de inventar tal excepción de la nada», dictaminó el panel.

La administración Trump ha sostenido múltiples disputas legales por la expulsión de inmigrantes a países no designados en sus órdenes de deportación, conocidos como terceros países. En este caso, el Gobierno ya había acudido a la Corte Suprema, la cual permitió continuar con las expulsiones mientras el litigio seguía su curso.

Se anticipa que la Casa Blanca repita su estrategia legal y busque revertir el fallo en las más altas instancias judiciales, prolongando así la batalla sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.