El exfiscal general de Chihuahua afirmó durante su audiencia de formulación de imputación que no existe una sola prueba directa, orden o mensaje que lo vincule con la intervención de agentes extranjeros, atribuyendo el proceso a una persecución política. La información se desprende de un audio que circula en internet y redes sociales, y que se atribuye a la audiencia en la que participó el exfiscal en la Ciudad Judicial, antes de que la Fiscalía General de la República lo aprehendiera.
Durante la audiencia, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, sostuvo que la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado no arrojó ninguna prueba directa ni elemento objetivo en su contra. A pesar de que se desahogaron pruebas técnicas como rastreos de GPS y comportamientos telefónicos, y de que rindieron testimonio más de 45 funcionarios públicos con absoluta libertad, no se presentó un solo testimonio, orden, documento, circular ni mensaje de WhatsApp que acredite su participación, instrucción o un acuerdo previo para permitir la presencia de agentes extranjeros en el operativo del PINAL.
Jáuregui señaló que la acusación de la representación social se sostiene únicamente en una declaración realizada ante medios de comunicación dentro de las 48 horas posteriores a los hechos y en dos videos de cámaras que registran reuniones rutinarias con dos funcionarios de la institución. Aclaró que dichas reuniones correspondían a sus labores habituales y que los términos específicos de esas conversaciones ya habían sido detallados formalmente en sus declaraciones previas ante la autoridad investigadora.
El exfuncionario rechazó ejercer o haber ejercido influencia alguna sobre la estructura actual de la fiscalía o sobre el personal investigador para incidir en el curso del proceso. Recordó que su renuncia pública al cargo de fiscal general no buscó evadir responsabilidades por los hechos ocurridos en el PINAL, sino garantizar la credibilidad, transparencia e independencia de las investigaciones institucionales, reconociendo la independencia de criterio de las autoridades a cargo.
Jáuregui afirmó que la causa penal en su contra presenta un «tufo desagradable a la política», comparando la situación con periodos pasados en Chihuahua donde se recurrió al uso de la prisión preventiva por motivaciones de revancha política contra servidores públicos en lugar de buscar la justicia.
En relación con el encuadre legal, explicó que los delitos vinculados a la seguridad nacional obedecen a reformas constitucionales recientes y a percepciones ideológicas del momento. Argumentó que a nivel federal este tipo de supuestos sobre agentes extranjeros ni siquiera cuentan con tipos penales claramente delimitados e incluso podrían considerarse faltas administrativas, dado que el marco normativo contemplaba un plazo de tres días posteriores a un evento para rendir el informe correspondiente a las autoridades federales.
Por último, Jáuregui argumentó contar con un sólido arraigo en el estado de Chihuahua, respaldado por su trayectoria pública —cinco años como secretario del Ayuntamiento, año y medio como secretario general de Gobierno y casi cuatro años como fiscal general del Estado—, además de la residencia de su familia en la entidad. Añadió que su intención pública y notoria de competir por un cargo de elección popular reafirma su arraigo a la región, asegurando que nunca ha evadido ni rehuirá a las citaciones o responsabilidades legales.