La crisis de desapariciones en México llegó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó un mecanismo internacional excepcional para llamar la atención sobre la gravedad del problema.

El presidente del comité, Juan Pablo Albán, presentó el caso ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. La decisión marca un hecho inédito, pues es la primera vez que el organismo utiliza el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El procedimiento busca que la comunidad internacional examine qué tipo de apoyo puede ofrecer a México para enfrentar la crisis, que incluye labores de búsqueda, investigación, identificación forense y protección a familiares de las víctimas.

¿Por qué intervino la ONU?
El CED activó el mecanismo tras analizar información presentada por organizaciones civiles y documentar indicios de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Entre los casos revisados por organizaciones defensoras de derechos humanos se encuentran situaciones documentadas en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, así como señalamientos sobre la participación de agentes estatales o de grupos que habrían actuado con apoyo, autorización o consentimiento de autoridades.

El comité ya había advertido sobre la gravedad del problema en México. En 2022 señaló la persistencia de desapariciones, los altos niveles de impunidad y las dificultades estructurales para buscar a las personas e investigar los casos.

¿Qué puede pasar ahora?
La presentación ante la Asamblea General abre distintas posibilidades. Entre ellas, que los países miembros soliciten al Gobierno mexicano aceptar o ampliar la cooperación internacional, ofrecer asistencia técnica y financiera, o compartir herramientas y experiencias para fortalecer las investigaciones.

También existe la posibilidad de que el asunto sea remitido al Consejo de Derechos Humanos para examinar otras medidas, como la creación de un mecanismo especializado. Sin embargo, estas opciones no son decisiones automáticas y dependerán de lo que determinen los órganos de la ONU.

El propio Albán ha señalado que el procedimiento no constituye una declaración de responsabilidad internacional contra México ni sustituye a las autoridades nacionales. Tampoco impone sanciones por sí mismo.

México rechaza el procedimiento
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la decisión del comité al considerar que realizó una interpretación jurídica incorrecta de la situación mexicana.

La administración federal sostiene que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero rechaza las conclusiones del CED sobre los indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.

La controversia también se relaciona con la forma en que el Gobierno contabiliza los casos. En marzo de 2026, las autoridades presentaron una nueva interpretación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cambios que generaron críticas de colectivos de búsqueda por la metodología y la falta de transparencia.