La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, afirmó que el Gobierno del Estado tiene la obligación de aclarar las contradicciones en su postura respecto a la detención de César Jáuregui, exfuncionario estatal acusado del presunto delito de traición a la patria.

A través de un posicionamiento emitido este jueves, la dirigente señaló que el caso no solo ha puesto bajo cuestionamiento la actuación de funcionarios estatales, sino que también ha evidenciado contradicciones en Acción Nacional y cambios en su discurso cuando sus intereses están en juego.

Recordó que hace unos meses el Gobierno del Estado acudió a medios nacionales para defender sus acciones en materia de seguridad, destacar la cooperación con agencias estadounidenses y sostener que había actuado conforme a derecho. Sin embargo, indicó que tras la detención de Jáuregui la narrativa oficial es distinta.

De acuerdo con el documento, lo que antes se defendía públicamente como un logro de gobierno ahora es motivo de deslindes y señalamientos cuya responsabilidad parece recaer exclusivamente en quien durante años fue uno de los colaboradores más cercanos de la administración estatal.

El posicionamiento refiere que Jáuregui acompañó políticamente al proyecto del Gobierno del Estado durante más de una década y que se le confió una de las responsabilidades más importantes de la entidad. Añade que, actualmente, su defensa acusa haber sido traicionado por la administración estatal, mientras integrantes de Acción Nacional cuestionan públicamente su detención.

“¿Qué cambió? ¿Los hechos o la conveniencia política? ¿Por qué lo que antes se defendía como una decisión correcta hoy parece ser responsabilidad de una sola persona?”, planteó la dirigencia morenista.

La presidenta estatal del partido sostuvo que el caso exhibe una crisis interna del PAN, que enfrenta acusaciones de traición entre sus propios integrantes mientras uno de sus principales exfuncionarios permanece detenido por un presunto delito contra la soberanía nacional.

Asimismo, consideró que el caso exige investigaciones imparciales, respeto al debido proceso y responsabilidades sustentadas en pruebas, y advirtió que la responsabilidad política no puede diluirse entre versiones contradictorias, deslindes personales y disputas internas.

“La responsabilidad de gobernar no desaparece cuando un colaborador deja de ser políticamente conveniente”, expresó.

Finalmente, señaló que los chihuahuenses tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué han cambiado las explicaciones públicas del Gobierno del Estado.