México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó presuntos esquemas de desvíos y triangulación de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa, en el marco de la presentación de informes de la Cuenta Pública 2025

El auditor Aureliano Hernández, quien acudió a la Cámara de Diputados a entregar la información aseguró que las investigaciones involucran contratos públicos, empresas vinculadas con familiares de funcionarios, transferencias entre compañías y movimientos de recursos hacia particulares.

«Los resultados que hoy presentamos son muestra de la transformación institucional que estamos impulsando, las nuevas facultades que dio el Congreso han permitido hacer investigaciones concretas, preservar pruebas y promover acciones legales.
«Por ejemplo, en Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos», dijo el funcionario.
De acuerdo con una presentación, en el caso de Nuevo León, el Gobierno estatal hizo transferencias millonarias a comercializadoras, constructoras, empresas de servicios, compañías de equipamiento, consultorías y un despacho jurídico.

Una de las operaciones más cuantiosas es la que involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa. En esa transacción, la ASF ubicó un movimiento adicional de 385.3 millones de pesos relacionado con un despacho jurídico.
En otro apartado, una comercializadora que recibió 964 millones de pesos del Gobierno estatal, transfirió 237 millones a una empresa de alimentos que fue fundada por un funcionario y un familiar, y que posteriormente habría transferido 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico.

En conjunto, el despacho jurídico aparece vinculado con transferencias por 728.13 millones de pesos.
En Sinaloa, la Auditoría Superior de la Federación expuso otro esquema que involucra a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal. Uno de ellos aparece como accionista y administrador único, mientras el segundo figura como apoderado legal.
De acuerdo con la presentación, entes públicos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a esa constructora, que concentró depósitos superiores a los montos de obra pública y realizó transferencias entre sus propias cuentas.
Posteriormente, la empresa trasladó recursos a dos personas físicas, que no son identificadas por nombres, quienes realizaron pagos millonarios a un ex funcionario de Finanzas bajo el concepto de «pago préstamo».