México – En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) información sobre sus contratos de material electoral, incluidos los asignados a firmas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, así como los antecedentes de ejercicios previos.

Los requerimientos, girados el pasado 29 de octubre con un plazo de respuesta de 10 días hábiles, exigen expedientes y documentación sobre compañías que también son investigadas por presuntas irregularidades en adquisiciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Paula Melgarejo, consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), explicó el pasado 5 de noviembre que la solicitud se realizó a través de la Auditoría Especializada en Entidades Federativas y está vinculada directamente con la fiscalización del ejercicio 2025.
Precisó que el órgano fiscalizador pidió además registros de años previos sobre las mismas firmas para contar con elementos de análisis sobre las adjudicaciones del año pasado.
La información requerida comprende todo lo relacionado con los contratos de Corporativo ZEG, Cajas Graf, SERIPLAST de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación, TOL Producciones, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Formas Finas de México y Gráficas Corona J.E.

Estas compañías están vinculadas con el empresario Hernández Casillas, quien fue exhibido en videos y fotografías junto con la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con quien presuntamente habría operado para direccionar licitaciones e inflar los precios de contratación.
El pasado 30 de octubre, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, anunció que la indagatoria sobre presuntos actos de corrupción en el INE se ampliaría a los institutos electorales locales, debido a que esa red de empresas también les ha proveído material electoral. Un día antes del anuncio, la ASF ya había remitido los oficios correspondientes.

En días recientes, los organismos electorales del Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tamaulipas confirmaron públicamente la recepción de los requerimientos.
En el caso de Guerrero, trascendió que la ASF solicitó al Gobierno estatal documentación sobre los recursos transferidos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y su aplicación en contratos con las firmas señaladas, petición que también fue enviada al resto de las entidades federativas respecto a los presupuestos asignados a sus respectivos órganos electorales.